Las denuncias contra establecimientos educacionales no paran de crecer. En 2025 la Superintendencia de Educación recibió 22.680 denuncias, un alza de 18,7% respecto de las 19.109 de 2024 — que ya había sido un récord histórico. Para un equipo directivo, estos números no son una estadística lejana: cada denuncia puede derivar en una fiscalización, y cada fiscalización se gana o se pierde, en gran medida, antes de que ocurra — en la calidad del reglamento interno y en cómo se aplicó.

Este artículo revisa qué se denuncia, cómo funciona el proceso y qué puede hacer un colegio para llegar preparado.

Qué se denuncia: convivencia escolar por lejos

Tres de cada cuatro denuncias de 2025 (17.076, el 75,3% del total) fueron por convivencia escolar, según los datos de la propia Superintendencia recogidos por la prensa. El desglose del año:

Maltrato a párvulos y estudiantes: 9.299 denuncias, más de la mitad de las de convivencia.
Discriminación: 2.869 denuncias, +40,5% en un año y +135% respecto de 2022 — la categoría que más crece, empujada por denuncias vinculadas a necesidades educativas especiales y autismo.
Medidas disciplinarias (cancelaciones de matrícula, suspensiones, expulsiones): 1.881 denuncias, +22,9%.
Maltrato a adultos de la comunidad educativa: 716 denuncias, +33,6%.

La explicación oficial del alza sostenida combina un marco normativo más exigente con un mayor conocimiento de los canales de denuncia por parte de las familias. Para el colegio, el mensaje práctico es el mismo: la probabilidad de enfrentar una denuncia es hoy más alta que nunca.

Cómo funciona el proceso

Presentación: cualquier miembro de la comunidad educativa puede denunciar por el portal web de la Superintendencia o en sus oficinas regionales.
Admisibilidad e informe del colegio: admitida la denuncia, la Superintendencia solicita al director un informe sobre los hechos, con medios de prueba. Esta primera respuesta es crítica: aquí pesan los registros, las actas y la evidencia de haber aplicado los protocolos.
Fiscalización y proceso sancionatorio: si se detectan infracciones, se inicia un proceso administrativo regulado por la Ley 20.529. El sostenedor tiene 10 días hábiles para presentar descargos tras la formulación de cargos, y luego vías de reclamación administrativa y judicial.
Mediación: como alternativa, la Superintendencia ofrece mediación entre las partes, y recomienda explícitamente agotar primero el conducto regular con el establecimiento.

Qué arriesga el colegio: las multas

La Ley 20.529 fija rangos de multa según la gravedad de la infracción:

Tipo de infracción	Multa
Leve	1 a 50 UTM
Menos grave	51 a 500 UTM
Grave	501 a 1.000 UTM

A valores de 2026, una multa grave puede superar los $30 millones de pesos. Y las sanciones pueden escalar más allá de lo monetario: privación temporal o definitiva de la subvención, inhabilitación del sostenedor o revocación del reconocimiento oficial. Un atenuante que conviene conocer: subsanar el incumplimiento dentro de 30 días desde la notificación reduce la sanción.

Los fallos recientes muestran dónde caen las multas en la práctica:

501 UTM a un colegio cuyo protocolo de violencia escolar no cumplía los requisitos mínimos (Corte de Santiago, enero de 2026).
51 UTM por una suspensión aplicada de forma irregular tras un episodio de violencia escolar (Corte de Santiago, diciembre de 2025).
52 UTM por un reglamento interno no ajustado a la normativa de maltrato escolar, confirmada por la Corte Suprema en 2025.

El patrón es nítido: las sanciones no castigan tanto el incidente como la respuesta institucional — protocolos inexistentes o deficientes, medidas sin debido proceso, reglamentos desactualizados.

Qué revisa la Superintendencia al fiscalizar

La fiscalización típica solicita: el reglamento interno y la evidencia de su difusión, el plan de gestión de convivencia, el nombramiento del encargado de convivencia escolar y los registros de aplicación de protocolos. El estándar de contenidos del reglamento interno sigue siendo la Circular 482 de 2018 — y aquí hay una historia reciente que todo director debe conocer: las circulares 781 y 782, que iban a reemplazarla desde 2026, fueron derogadas en abril de 2026 antes de entrar en régimen. A esto se suma la nueva Ley 21.809 de convivencia, buen trato y bienestar, vigente desde el 1 de julio de 2026, que traerá nuevas instrucciones de la Superintendencia.

En resumen: el marco normativo de los reglamentos internos cambió de dirección tres veces en cinco meses. Estar al día dejó de ser un ejercicio anual.

Cómo se protege un colegio: cuatro frentes

Reglamento interno vigente y coherente. Contrastado contra la Circular 482 y las leyes nuevas (21.801 de celulares, 21.809 de convivencia), con todos los protocolos obligatorios completos y aplicables.
Debido proceso en cada medida disciplinaria. Notificación de los hechos, derecho a presentar descargos, decisión fundada e instancia de apelación. Los fallos muestran que un procedimiento defectuoso vale una multa aunque la medida de fondo fuera razonable.
Registro de todo. La primera defensa ante la Superintendencia es el informe del director con medios de prueba: actas, comunicaciones a apoderados, evidencia de activación de protocolos y de difusión del reglamento.
Respuesta temprana. Resolver el conflicto por el conducto regular — o vía mediación — antes de que escale a denuncia, y usar el plazo de 30 días para subsanar cuando llega una observación.

Los cuatro frentes comparten un mismo requisito: saber con precisión, y a tiempo, qué exige la normativa vigente para cada situación. Para eso construimos MilenIA: consultas en lenguaje natural sobre la normativa educacional chilena con citas verificables a la fuente, y la posibilidad de cargar el reglamento interno y los protocolos del propio establecimiento para revisarlos contra las exigencias actuales — antes de que lo haga la Superintendencia.